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Colombia está cerca de tener su nueva política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Tiempo de lectura: 2 minutos.

 El alarmante deterioro que ha habido en los últimos años de la base natural en Colombia pone en riesgo la supervivencia de muchas especies y, en peligro la provisión de servicios esenciales para la supervivencia y el bienestar de los colombianos.

Según el Informe Colombia Viva (2017) de WWF, en el país se han identificado 85 grandes tipos de ecosistemas y se calcula que 31,3% del área de estos ha sufrido alguna transformación. Eso quiere decir que, en este momento, casi la mitad de los ecosistemas que hay en el país están en riesgo.

Por ejemplo, entre 1985 y 2005, la tasa anual de pérdida de los ecosistemas de páramo alcanzó un 17%, y el 15% de las especies de vertebrados que están en áreas protegidas, se encuentran amenazadas. Actualmente, el 50% del área cubierta por áreas protegidas en Colombia no tiene instrumentos de planificación: no hay un plan de manejo que especifique las acciones que deben hacerse para salvaguardar la biodiversidad que albergan ni un lineamiento sobre la naturaleza y los elementos culturales por conservar.

Estas son algunas de las razones que hacen necesaria una política robusta al respecto, que vele durante los próximos 10 años por la protección del patrimonio natural y cultural presente en estos espacios. Y Colombia está cerca de tenerla.

La nueva política del Sistema de Áreas Protegidas

Ayer, el equipo encargado de liderar el proceso presentó los resultados de la fase de construcción de la nueva política: el objetivo central, los objetivos específicos, 16 líneas estratégicas y 55 acciones. Todo enmarcado en que si el 31% del territorio nacional corresponde a áreas protegidas, hay unos retos muy grandes para revertir las tendencias de destrucción de la biodiversidad que allí se han gestado.

Como objetivo central se definió que la nueva política buscará reducir el riesgo de pérdida de la naturaleza en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Así mismo, enfatizará en asuntos como: la necesidad que hay de actualizar las metas de conservación; de disminuir la brecha financiera que hoy tiene el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (que se hará a través de la implementación de programas como Herencia Colombia, por ejemplo); y de aumentar la equidad entre los costos y beneficios que generan las áreas protegidas; en otras palabras, que los beneficios que genera la naturaleza que allí se conserva, tenga una mayor retribución por parte de toda la sociedad y que los ciudadanos y los sectores que a la distancia se ven beneficiados por los servicios que proveen estas áreas (el agua, por ejemplo) tengan una responsabilidad con estos territorios, incluyendo la generación de beneficios a las acciones de conservación de quienes habitan en ellas.

¿Cómo lo lograron?

Hasta finales de 2018 el país contó con unos lineamientos de política contenidos en el CONPES 3680, que regían el funcionamiento de estas áreas, pero desde 2019 el gobierno nacional con apoyo de diferentes organizaciones viene trabajando en esta nueva política (más acorde al contexto actual del país y a los elementos de cambio global que el mundo enfrenta).

En el último año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, el DNP, PNUD y WWF-Colombia (a través del proyecto GEF de consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo), han trabajado por que la construcción de esa política sea lo más participativa posible, involucrando la mayor cantidad y diversidad de actores en sus diferentes fases: aprestamiento, diagnóstico, conceptualización y construcción.

Allí, a través de talleres, conversatorios y foros, participaron autoridades ambientales, organizaciones, entidades públicas, gremios, institutos de investigación, representantes de comunidades indígenas, de comunidades negras, palenqueras y raizales, campesinos, grupos comunitarios, la academia, y centros de pensamiento, entre otros.

Los talleres regionales realizados para la fase de diagnóstico reunieron a casi 400 personas de todo el país y los talleres regionales, foros y conversatorios correspondientes a la fase de construcción tuvieron 600 participantes e incluyeron eventos específicos para comunidades indígenas, el pueblo negro, raizal y palenquero y comunidades campesinas: los habitantes de las áreas protegidas y sus alrededores y de los que, en gran parte, depende su conservación”, dice Carlos Mauricio Herrera, especialista en áreas protegidas de WWF-Colombia.

WWF-Colombia participó desde el inicio en la construcción de la política a través del proyecto de consolidación del sistema nacional de áreas protegidas GEF-SINAP, del cual es ejecutor. La organización ha participado en todas las actividades de construcción y acompañó todos los espacios de diálogos y espacios de construcción.

¿Qué viene ahora?

Ahora, la nueva política seguirá su curso en la concertación sectorial y se espera que en el último trimestre del año sea aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

Equipo de Redacción, La Ciudad Positiva con información de WWF.

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